El Ayuntamiento de Alcoy ha lanzado una nueva licitación para contratar un servicio externo de asesoría jurídica y defensa judicial, con un presupuesto base anual de 72.600 euros (IVA incluido). Aunque el consistorio cuenta con un gabinete jurídico interno, la complejidad de los asuntos municipales requiere apoyo especializado adicional.
El contrato, que se adjudicará inicialmente por un año prorrogable hasta tres más, cubrirá tanto el asesoramiento en materia legal como la representación procesal del Ayuntamiento ante cualquier instancia judicial. Se trata de un refuerzo clave para garantizar una gestión eficiente y segura desde el punto de vista legal.
Entre las funciones principales se encuentra el asesoramiento a los órganos de gobierno y responsables de servicios municipales, tanto en cuestiones generales como en temas específicos como recursos humanos, negociación colectiva o resolución de conflictos laborales. Además, se incluye la redacción de informes jurídicos y la planificación normativa en ese ámbito.
En cuanto a la defensa judicial, el contratista deberá representar al Ayuntamiento tanto como parte activa como pasiva en cualquier tipo de proceso legal: civil, penal, administrativo o contencioso-administrativo. Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta que, solo en lo que va de año, el consistorio ha estado involucrado en más de una veintena de casos judiciales.
Para garantizar la calidad del servicio, el pliego exige que los trabajos sean realizados por abogados colegiados en ejercicio. Si el adjudicatario es una firma o agrupación profesional, deberá designar un responsable directo del servicio, con la titulación y experiencia necesarias.
Esta licitación llega en un momento clave, ya que el contrato actual está a punto de finalizar. Con esta renovación, el Ayuntamiento refuerza su estructura legal para hacer frente a la creciente demanda de asesoramiento y litigios, muchos de ellos derivados de responsabilidades civiles municipales.
La contratación forma parte de una estrategia de mejora en la gestión pública, permitiendo al Ayuntamiento contar con respaldo externo sin sobrecargar al equipo interno, garantizando así una mayor agilidad y precisión en los asuntos legales que afectan a la ciudadanía y al funcionamiento del propio consistorio.
